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Colapso carcelario: cuando los muros no estiran más

El sistema de cárceles tronó por llenura. Según las autoridades penitenciarias, es imposible seguir almacenando a más personas en las prisiones. La situación no tiene remedio en el corto plazo: se necesitan obtener 143 millones de dólares de un impuesto que aún no existe.

Carlos Martínez / Fotos: Mauro Arias

 
 

Bartolinas de la PNC de Lourdes, La Libertad. Foto Mauro Arias
 
Bartolinas de la PNC de Lourdes, La Libertad. Foto Mauro Arias
―Douglas, ¿y qué es lo que está pasando?

―Que el sistema colapsó.

―¿Cómo así?

―Que colapsó… o sea… colapsó. 

El que habla es Douglas Moreno, director general de Centros Penales en El Salvador, y ese es su diagnóstico ante el más reciente síntoma de la crisis carcelaria que desde hace años sufre en silencio el país. En mayo de este año la Policía Nacional Civil (PNC) hizo pública una queja con visos surrealistas: las cárceles no estaban recibiendo a los reos. Cuando un juez condenaba a alguien a ser privado de libertad, tenía que permanecer en las bartolinas policiales.

En aquel momento se acumulaban en las delegaciones de todo el país 700 presos, y el subdirector de Seguridad Pública de la PNC, Hugo Ramírez, decía que la situación era muy grave y que las estaciones policiales no podrían soportar más carga. Hoy Ramírez tiene en sus celdas a mil reos más, y  sigue creyendo que la situación es muy, muy grave.

Al menos tres cárceles están definitivamente cerradas a nuevas admisiones: la de San Vicente y las dos que hay en el departamento de Usulután, una en la cabecera y otra en Jucuapa. En ninguna pueden recibir a una sola persona más por órdenes de los jueces de vigilancia penitenciaria. El resto de penales recibe a cuentagotas: solo se llenan las plazas que dejan los internos que recobran la libertad. Las bartolinas policiales deben almacenar –literalmente almacenar– el excedente.

En la actualidad, en las 19 cárceles de El Salvador, diseñadas para albergar a poco más de 8 mil internos, hay casi 25 mil personas presas. El sistema está al 300% de su capacidad, que es lo mismo que decir que donde debería haber una persona respirando, comiendo, cagando, durmiendo, viviendo… hay tres, con las mismas necesidades.

Con las jaulas a tope, la Policía ha tenido que reforzar la vigilancia y lidiar con la avalancha de familiares que llevan comida y ropa a los internos, revisar lo que entra para que no se cuelen armas o teléfonos, mantener algún orden –el que se pueda–, sacarlos de uno a uno al baño…  O sea, hacer las veces de carceleros.

Moreno recomienda a la Policía que vaya acostumbrándose a ese papel, al menos por lo que resta del año, y si los planes de contingencia no resultan, al menos durante todo 2012. Luego ya se irá viendo. Según el director de Centros Penales, nadie debería sorprenderse ante esta realidad. Asegura que bastaba saber sumar para darse cuenta de que esto iba a ocurrir. “Esto se miraba venir desde hace 12 o 14 años”, insiste.

Solo en los dos años que tiene la actual administración, de las cárceles salvadoreñas salieron 14 mil 469 internos que quedaron en libertad, pero entraron 18 mil 104. Es decir, que después de dos años hay 3 mil 635 huéspedes más adentro de unas prisiones en las que desde hace años los presos duermen en el suelo, debajo de los camarotes, en pasillos o sentados contra una pared. En un ejercicio hipotético, de mantenerse la tendencia y no mejorar las cosas, en los próximos dos años la Policía tendría que ser la carcelera de al menos esa misma cantidad de reos, el doble de los que hoy tiene en sus bartolinas.

Que las cosas mejoren, explica el director de Centros Penales, significa que se suceda una larga cadena de hechos: se necesitan 143 millones de dólares, que el funcionario espera que salgan del impuesto temporal para la seguridad, que a su vez el Ejecutivo espera que paguen los grandes capitales del país. Esto si el impuesto es aprobado por la Asamblea Legislativa, si se adapta el sistema de recaudación de impuestos para percibir ese dinero, y si –de entre todas las necesidades existentes en materia de seguridad– Hacienda decide destinar 143 millones al sistema penitenciario nacional.

De ser así, solo de ser así, se construirían los nuevos centros penitenciarios que proyecta Moreno y se ampliarían otros para habilitar 6 mil nuevas plazas, que es casi como construir un nuevo sistema penitenciario de las dimensiones del actual.  Todo esto para conseguir el logro de reducir el hacinamiento del 200% a uno -digamos- más manejable, de poco menos del 100%. Sin contar los reos que se acumularán, año tras año, hasta que las nuevas prisiones estén terminadas.

Mientras esto no ocurra, la PNC tendrá que acostumbrarse a ser la carcelera de sus propias capturas, de miles de procesados, de cientos de condenados.

Bartolinas para detenidos no pertenecientes a pandillas en delegación de la PNC de Lourdes. Foto Mauro Arias
 
Bartolinas para detenidos no pertenecientes a pandillas en delegación de la PNC de Lourdes. Foto Mauro Arias

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