Caso 1

El policía que está en la puerta permite que una mujer con piernas largas y gruesas camine hacia el cubículo del jefe de turno, un oficial de la Policía Nacional Civil sonriente y de buenas maneras. La mujer lleva jeans gastados, zapatos con tacón grueso y una camisa tipo polo. Tiene bonita cintura y camina con cadencia hacia el oficial, que ojea un periódico. Ella, antes de llegar, se detiene un instante y coloca en el piso dos bolsas plásticas. Las bolsas contienen ropa.

—¡Buenos días! –saluda–. Me dijeron que hablara con usted, que usted me puede ayudar...
—Vamos a ver qué puedo hacer por usted –responde el oficial con una sonrisa amplia.
—Mire, yo soy abogada y tengo a tres muchachos en las bartolinas. Desde hace un mes no se han cambiado de ropa. Ni los calzoncillos ni las camisas, ¡nada! Ya tienen piojos y liendres. Y les traigo ropa... ¡porque no puede ser! Ellos ya están en otra fase, ya deberían estar a la orden de Centros Penales. 

La abogada calla y espera. Segundos después, cuando ve que su interlocutor no deja de rascarse la sien con la punta de un lápiz, añade:

—No tengo problemas con que revisen todo lo que va en las bolsas. 

El oficial deja quieto el lápiz y habla al fin. Más bien, pregunta:

—¿Qué le dijeron los muchachos de la portería?

Los policías de la portería están en la portería, a 10 metros de la caseta del oficial. Ellos desgranan a una larga fila de mujeres que quieren visitar a sus parientes retenidos en las bartolinas. La fila, al mediodía, se extiende unos 100 metros sobre la acera. La delegación de la Policía de Soyapango no es una cárcel, pero es como si lo fuera.

—Que hablara con usted –responde Gloria, la abogada.

El oficial deja la pose encorvada y se sienta. La espalda recta.

—Mire: el problema es que… yo la entiendo, pero aquí hay reglas que cumplir. 

Gloria se inquieta. Y luego intenta tender una trampa. 

—¡Écheme la mano! –ruega, mientras se arregla el pelo con la mano derecha, coqueta.

El oficial intenta no inmutarse y logra escapar con un grito.

—¡Javier! ¡Venga para acá!

El policía que custodia la entrada corre hasta el escritorio y se cuadra frente al jefe de turno, quien le pregunta:

—¿Qué le dijo a la señorita?
—Que no se puede, señor. Que es cuestión de jefaturas.

Gloria, la abogada, cruza los brazos y frunce el ceño.

—Ahí sí no podemos hacer nada –repite el oficial–. Si por mi fuera… pero son órdenes de la jefatura.

La abogada, entonces, responde como abogada.

—¡Pero es que es un derecho que le asiste!

El policía de la entrada regresa a la entrada. El oficial del escritorio le responde condescendiente.

—Sí, yo sé. Si por mi fuera, solo los presos del día estuvieran aquí, pero ya ve. Nos han heredado este problema.

El problema es que en las cárceles salvadoreñas –diseñadas para poco más de 8 mil internos– hay más de 25 mil. El sistema funciona al 300% de su capacidad. Está colapsado. Y a partir de este año las cárceles reciben reos a cuentagotas. Por eso los clientes de la abogada están ahí, en Soyapango. Un juez ya ordenó que ingresen al centro penal La Esperanza, o Mariona, como llaman a la principal cárcel de la capital salvadoreña, pero en Mariona no los reciben.

—Yo lo que le sugiero es que se aboque a una instancia como Derechos Humanos –sugiere el oficial a la abogada.
—Sí, si ya lo tenía pensado. Hoy solo vine a probar. Pero es que mire: ¡no puede ser! Tienen puesto el mismo calzoncillo desde hace un mes! ¡Eso es insalubre! Pero bueno, gracias.

La abogada se retira. 

El policía me guiña el ojo mientras la señala con la boca.

—Bonita, ¿veá?.

Luego me dice que lo de la ropa sucia de los reos es el menor de los problemas.

—¡A veces caen de cerotazo encima del resto! ¡Y se rajan la cabeza! Como a algunos les toca dormir parados; cuando ya no aguantan, caen, y se arma el gran relajo.

El oficial me cuenta que en cuatro celdas, donde deberían caber 'con dificultad' 80 personas, hay 250. Exactamente la misma proporción de sobresaturación del sistema penitenciario.

Mes y medio después, Gloria, la abogada, me dice que fue a Derechos Humanos y puso la denuncia.

—En 15 días logré meterles cambio de ropa. Entiendo que hoy a esa delegación ya dejan que una vez a la semana la familia les lleve una mudada.

Algo es algo. Aunque sus clientes, acusados por extorsión y asociaciones ilícitas, siguen durmiendo parados en las bartolinas de Soyapango. 

Caso 2

La Policía convocó con carácter urgente a una conferencia de prensa en las bartolinas de la delegación de Montserrat, en San Salvador. Fue el 18 de octubre. Esa delegación es una de las más temidas por cualquier reo que no tenga afiliación a la pandilla Barrio 18 o a la Mara Salvatrucha. Las celdas están saturadas con supuestos pandilleros y con reos comunes que se las ven a palitos una vez caen ahí.

El motivo de la conferencia era presentar a un prófugo de la justicia. El motivo, sin embargo, se quedaba parco. El prófugo era uno de los más buscados en El Salvador desde hacía siete años. Por eso a la conferencia llegó la plana mayor de la Policía y hasta el que era, hasta esa fecha, el ministro de Seguridad, Manuel Melgar.

—Hoy estamos aquí como un funcionario que cumple y demuestra a la población que en esta nueva Policía, con un trabajo conjunto y coordinado, se logran grandes resultados como esta captura –dijo el entonces ministro, para las cámaras. 

Pero las cámaras no grabaron ni captaron que a unos 15 metros, un reo de la pandilla Barrio 18 silbó “la vieja” –ese silbido compuesto de tres soplidos consecutivos– luego de escuchar ese discurso.

Minutos después, el famoso prófugo de la justicia fue presentado a los medios de comunicación. Pero esta vez, al capturado no lo sacaron de ninguna bartolina saturada de seres humanos. Por el contrario, esperaba en una oficina aparte, junto a los detectives que lo custodiaban. El retenido no era ni pandillero ni experto extorsionista ni ladrón de a pie. Era un exempresario que llegó a ser funcionario. Su nombre es Raúl García Prieto.

En la que podría llamarse la cumbre de su carrera, el expresidente del Banco de Fomento Agropecuario cometió un error y fue perseguido por la justicia. En el año 2002, la Fiscalía lo acusó por autorizar créditos sin respaldo y de manera irregular por el equivalente a 3 millones 68 mil 925 dólares en la venta de un ingenio: el Ingenio El Carmen. Entonces el funcionario, hace siete años, antes de que unos jueces leyeran su sentencia, escapó. Y desapareció. No fue recapturado sino hasta siete años después, en un restaurante Biggest de la colonia Escalón.

Cuando la conferencia terminó, los policías metieron a García Prieto en el asiento trasero de un pick up doble cabina. “Debo agradecer el trato respetuoso que me han dado los agentes”, fue una de las pocas cosas que dijo el retenido.

Ese día, ya entrada la noche, ni el ministro de Seguridad ni el jefe de la Policía sabían dónde tendrían al retenido. “Eso lo decidiremos en la reunión de jefatura”, dijo el jefe de la Policía, Carlos Ascencio.

La noche de ese martes el detenido la pasó en un lugar que solo conocen él y los policías que se lo llevaron. Al siguiente día, a las 9 de la mañana, la Policía lo remitió al tribunal del que había escapado hacía siete años. Pero ese tribunal no quiso resolver el futuro del reo y lo envió a la Corte Suprema de Justicia. Ya ahí, en el último piso del palacio judicial, rodeado de salones con piso brilloso y cómodos sillones, esperó a que los jueces supremos deliberaran su caso. Entonces ellos consideraron que no eran competentes para enviarlo a una prisión. Al final, a Raúl García Prieto la Corte Suprema lo envió de regreso al tribunal del que escapó había escapado siete años atrás.

Ahí el reo pidió que no lo enviaran a penal alguno y el juzgado decidió que fuera la Dirección de Centros Penales la que decidiera qué hacer con él. La misma Dirección que por falta de recursos no sabe qué hacer con otros 25 mil reos que se asfixian en 19 cárceles. Durante una semana, la indefinición del caso García Prieto también fue cuestión de jefaturas. De trámites entre jefaturas de diferentes dependencias del sistema de justicia. 

Al final, después de ir y venir entre despachos, García Prieto fue enviado a la penitenciaría de Metapán, donde guardan prisión ex agentes de la policía, exmilitares, exfuncionarios y exsacerdotes a quienes se les comprobó algún delito. Quizá la prisión menos problemática, si cabe decirlo así, del sistema penitenciario salvadoreño. Ahí sus habitantes tienen televisión con cable, DVD, líneas telefónicas fijas y muchos de ellos acusan a la autoridad de maltratarlos sin razón.

(San Salvador, El Salvador. Noviembre de 2011.)