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El Salvador

Muerte de un pandillero

Roberto Valencia y Carlos Martínez / Fotos Pau Coll
Publicado el 31 de Julio de 2012 | Comentarios (0)

El Barrio 18 enterró el domingo 29 de julio a un pandillero que falleció como consecuencia de un disparo efectuado por un agente de la PNC. Más allá de la vida perdida –un joven de 19 años–, el caso ilustra lo frágil y quebradiza que en las calles es la tregua vigente entre las pandillas y el gobierno, y también el sospechoso hermetismo policial sobre los casos que dañan su imagen.

Para él no hay otra verdad: a su amigo, su homeboy, lo mató un maje de la jura (la Policía Nacional Civil, PNC) hace dos tardes. Se lo echó porque sí, por puro odio; no hubo balacera porque solo el policía estaba armado, ni fue la consecuencia de una pelea o de una discusión. Para él, se trata de un homicidio en toda regla.

―Yo sé quién es –dice–. Si me lo ponen así, con un vergo de majes, yo lo conozco. Mil veces, sin equivocarme. Esa cara no se me va a olvidar… ¡cómo se me va a olvidar la cara de ese maje! Lo reconozco cabal…

La rabia modula cada una de las palabras. A tres metros, flanqueado por dos cirios encendidos, un ataúd gris con el cadáver de un pandillero llamado Carlos Alfredo. Él es el homeboy muerto, el amigo, el bróder.

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Desde el 8 de marzo, El Salvador está inmerso en un inédito proceso de reducción de la violencia que involucra al Gobierno de la República y a las pandillas Mara Salvatrucha-13 y Barrio 18, una iniciativa que ha entrado de lleno en el radar de instituciones como la Organización de Estados Americanos (OEA). Según las cifras oficiales, como consecuencia directa de esta tregua –algunos la llaman negociación; otros, proceso de paz– hay un descenso en casi todos los indicadores delictivos, siendo el de los homicidios el que presenta una baja más acentuada: 60% menos de asesinatos entre lo que sucedía antes y después del 8 de marzo.

Pero aún sigue muriendo asesinada mucha gente, demasiada.

Para mantener bajo control a los pandilleros que están en la libre, los líderes encarcelados han señalado en reiteradas ocasiones que muertes como la de Carlos Alfredo –consecuencia del disparo de un agente policial– suponen un torpedo en la línea de flotación del proceso, que desde un inicio incluyó de parte de las pandillas el compromiso de respetar las vidas de policías, soldados y custodios de la Dirección General de Centros Penales, y las de sus familiares. 

El viernes 27 de julio, unas horas antes de la muerte del pandillero, El Faro entrevistó a varios líderes del Barrio 18 en el Centro Penal de Izalco, en Sonsonate. “Nosotros estamos diciendo: cálmense, cálmense; pero hay policías que están como tratando que tal vez los homeboys se desesperen y empiecen a hacer desórdenes”, dijo Carlos Alberto Rivas Barahona, (a) Chino Tres Colas. “Hay personas interesadas en que no termine la guerra entre las pandillas”, dijo José Teodoro Cruz Gómez, (a) Guasón, el palabrero responsable de las canchas de Delgado.

Los ánimos se caldean cuando sucede algo así. Incluso cuando, como en este caso, no se sabe por qué disparó el agente. 

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En la tarde del viernes, Carlos Alfredo Sorto Ramírez –19 años, dieciochero, facción R del Barrio 18– y tres pandilleros más estaban sentados en la entrada de la comunidad El Progreso I, uno de esos asentamientos que supuran podredumbre, de esos a los que las etiquetas precario y marginal les quedan cortas. El Progreso I pertenece al municipio de Delgado, departamento de San Salvador, y para llegar desde la capital hay que ir primero hasta el kilómetro 5½ de la carretera Troncal del Norte, salirse en el desvío de la colonia Montecarlo y caminar unos 400 metros junto al ferrocarril, dirección a Apopa.

El tren –los policías que lo custodian– tiene un papel protagónico en este relato.

Desde hace cinco años, de lunes a viernes un tren recorre lentamente los 13 kilómetros que separan Apopa del mercado La Tiendona, en San Salvador. En su viaje de la tarde, la máquina pasa siempre por El Progreso I a las 4:45, con sorprendente puntualidad. El viernes 27 de julio no fue excepción.

Como tantos días, el grupito de pandilleros descansaba-maquinaba-fumaba junto a los rieles cuando el estruendo los alertó. La rutina: los cuatro se levantaron con parsimonia, se adentraron en el pasaje –uno de ellos incluso aprovechó para comprar una charamusca– y vieron pasar la locomotora y los vagones. Sin embargo, esta vez la máquina se detuvo por completo porque una señora que vendía empanadas pidió subir. Al detenerse, el último vagón quedó apenas unos metros delante de los jóvenes, y sobre el balconcito que hay en el extremo final, un agente joven de la PNC. Siempre viaja ahí uno.

Los cuatro pandilleros regresaron a la línea y aseguran que, sin provocación alguna, el agente desenfundó su arma y apuntó al grupo, creyeron que para intimidar. Apenas unos metros los separaban. No era la primera vez que ese mismo agente los encañonaba, por eso los jóvenes en principio no se inmutaron. Lo hicieron cuando oyeron el bombazo.

―Era una 9 mm. –coinciden dos de los testigos.

Desarmados como estaban, todos se abalanzaron pasaje abajo en busca de protección. Ajeno a todo, el maquinista prosiguió su marcha.

El balazo alcanzó de lleno el bajo vientre de Carlos Alfredo, pero pudo correr hasta la casa familiar, a unos 40 metros. Vencido por la gravedad de la hemorragia, se recostó contra una pared. El hermano menor –17 años, pandillero también– se lo echó al lomo, lo pasó al fondo de la casa, llegaron más homeboys, y rápido consensuaron la seriedad de la situación. Pidieron el vehículo a un vecino y se fueron hacia San Salvador.

Carlos Alfredo llegó cadáver a Emergencias del Hospital Rosales. Murió en el asiento trasero de un carro, en los brazos de su madre y su hermano menor.

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Entre enero y mayo de 2012 la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) acumuló 535 denuncias contra agentes de la PNC por violaciones a los derechos humanos; la gran mayoría por atentar contra la integridad personal de los denunciantes. Son pocas las acusaciones de ejecuciones sumarias atribuidas a uniformados.

Por escandalosa que suene la posibilidad de que en un país pueda estar sucediendo algo así, la muerte de Carlos Alfredo no ha tenido la más mínima repercusión, al menos en las 72 horas posteriores. Los medios de comunicación no han dicho nada, y la PNC ha optado por un sospechoso silencio. Consultado, Jacobo Flores, responsable de Comunicaciones, dijo desconocer el caso. En la página web institucional, la sección Noticias es una sucesión de comunicados institucionales que consignan todo tipo de detenciones, arrestos y operativos, pero no reporta nada sobre la detención de uno de sus agentes.

Extraoficialmente, El Faro ha sabido que el hecho fue denunciado, y que el mismo día se detuvo al agente que disparó el arma.

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Dos días después, el domingo 29 de julio, medio centenar de personas despiden a Carlos Alfredo en el cementerio del barrio Paleca, siempre en el municipio de Delgado. Para llegar desde El Progreso I, hay que alcanzar la Troncal del Norte y subir un kilómetro ruta a San Salvador. Ese trayecto lo hemos recorrido esta tarde a vuelta de rueda, con el féretro sobre la cama de una Toyota Hilux blanca, con los complementos mínimos para convertirla en un carro funerario.

En el grupo abundan las cachuchas y las ropas flojas, pero también hay abuelas, niños, hombres de mediana edad, jovencitas, madres que chinean a sus bebés, adolescentes no pandilleros… La heterogénea procesión paradójicamente la han escoltado –a una distancia prudente– una docena de agentes de la PNC, varios de ellos encapuchados y con fusiles de asalto. La comunidad ubicada frente a la puerta del cementerio es territorio de la MS-13. Para evitar contratiempos, un carro-patrulla se adelanta al cortejo fúnebre y toma posiciones, fusil en mano, en una escalinata que representa la principal salida desde la comunidad hacia la Troncal.

A pesar de las declaraciones que los líderes hacen en las prisiones, de los comunicados conjuntos, en la libre la tregua parece sostenerse con alfileres. La rivalidad a muerte entre MS-13 y Barrio 18 no ha desaparecido; está apenas anestesiada. Ni siquiera la reunificación de los dieciocheros es tan sólida como pregonan sus voceros. A la vela de Carlos Alfredo solo llegaron homeboys de la facción R, de la Revolución.

Uno de los policías presentes en el operativo, el cabo Guzmán, confirma que la presencia es disuasoria, y hasta se atreve con unas palabras para exculpar al compañero que provocó todos los llantos que se oirán hoy en el cementerio: “Tal como están las leyes, ¿cómo va a creer que uno ahorita va a sacar el arma y arriesgar la libertad por un pandillero, por un sujeto que tarde o temprano de todos modos va a caer?”

La compuertita del ataúd que permite ver a Carlos Alfredo se abre por última vez en los minutos previos a la sepultura. Lo mira Ana, la madre, y lo llora. Lo miran sus tres hermanos pequeños –Ulises, Katherin, Luis Alberto– y lo lloran. Los miran sus amigos, en teoría rudos pandilleros, y varios de ellos también lo lloran. Lo mira una joven embarazada, y no solo lo llora: grita, se retuerce, se desploma, no cae al suelo con todo y panza de ocho meses solo porque dos mujeres la sujetan.

―¿Ella era la pareja?
―Sí –responde uno de los pandilleros veteranos–, para agosto estaban esperando al bebé. Poquito antes que llegara el tren, yo estuve con ellos un rato, y ahí me invitó al baby-shower.

Mañana el tren volverá a pasar junto a la comunidad El Progreso I.

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