Publicidad

“Es difícil saber qué le habría pasado a nuestras instituciones si los capos hubieran sido juzgados aquí”

Todo fluye cuando se habla del histórico juicio contra un ex jefe de Estado. La fiscal guatemalteca tiene clarísimos los eslabones de la cadena que terminaron con Ríos Montt sentado en el banquillo de los acusados. Cuando se le pregunta por la extradición de los grandes capos, por la renuncia a juzgarlos en Guatemala, la entrevista entra en otros recovecos que hablan de un poder más latente. Guatemala tiene a su dictador en pleno juicio, pero prefiere sacar de su cancha a sus capos históricos. Algunas anécdotas del pasado relatadas por la fiscal echan luz acerca de las razones que pueden sustentar esta lógica.

 
 

Claudia Paz y Paz, fiscal general de Guatemala. Foto archivo El Faro.
 
Claudia Paz y Paz, fiscal general de Guatemala. Foto archivo El Faro.

Hace casi una década, un grupo de salvadoreños que habían sido víctimas de asaltos en las carreteras guatemaltecas juntaron dinero para financiar una campaña que buscaba boicotear el turismo hacia ese país. En enormes rótulos se advertía: GuateMALA.

En el imaginario salvadoreño, probablemente los vecinos siguen siendo corruptos irredentos, institucionalmente pervertidos, infiltrados, corrompidos. Y, efectivamente, desde los tiempos de aquella campaña de miedo hasta la fecha, Guatemala tocó fondo: se consolidaron auténticos cárteles de tráfico de droga que penetraron o intimidaron a las autoridades locales; en la Policía crecieron grupos de exterminio y sicariato liderados desde las más altas esferas del poder; el crimen organizado se coló profundamente en las instituciones y visitó incluso el despacho presidencial… Pero también es cierto que en cuestión de una década Guatemala espabiló a una velocidad difícil de notar para sus vecinos, que parecen no haberse percatado de a qué horas aquel país mal afamado los rebasó en términos de consolidación institucional y les sacó una ventaja difícil, muy difícil de acortar. Todo a fuerza de sentar precedentes en las cortes que difícilmente se borrarán de la historia del país.

A paso lento, pero constante, los guatemaltecos han ido juzgando los crímenes cometidos durante su guerra civil, y en los tribunales han desfilado exmilitares otrora intocables, hasta llegar al dictador bajo cuyo régimen se cometieron algunos de los horrores más abyectos. El ex jefe de Estado Efraín Ríos Montt, y quien fue su jefe de Inteligencia Militar, el general retirado José Rodríguez Sánchez, se sientan en el banquillo de los acusados en la Torre de Tribunales de Ciudad de Guatemala desde hace unas semanas, y escuchan cómo los testigos indígenas y peritos reunidos por la Fiscalía los acusan de ser los autores intelectuales del asesinato de 1,771 indígenas de la etnia Ixil entre 1982 y 1983.

La Fiscalía rompe con un dogma que recorre el triángulo norte de Centroamérica: hay personajes intocables. Algunos de esos dogmas los rompe por racimos. Mientras acusaba a Ríos Montt, la Fiscalía también se encargaba de intentar probar que el expresidente Alfonso Portillo (2000-2004) desvió a manos de particulares 16 millones de dólares durante su mandato. Portillo fue absuelto este mes, pero enfrenta la petición de extradición a Estados Unidos, que lo acusa del lavado de 70 millones de dólares. El Ministerio Público levantó cargos contra exministros y ex jefes policiales por crear y operar escuadrones de la muerte; capturó y derrotó en juicio a temibles capos de la droga a los que hace una década requiere Estados Unidos, pero ninguna administración se había atrevido a capturar. En el centro de toda esta ebullición institucional destaca una mujer con maneras de maestra de escuela, exactivista de derechos humanos, ex catedrática universitaria, doctora cum laude en derechos humanos y derecho penal por la Universidad de Salamanca, la mujer que fue ubicada por la revista estadounidense Newsweek en la lista de las 125 mujeres más valientes del mundo, y por la revista Forbes en 2012 como una de las mujeres que están cambiando el mundo desde la política: Claudia Paz y Paz, la primera mujer en ocupar el puesto de Fiscal General en Guatemala.

Bajo su administración, el Ministerio Público sufrió una estricta depuración, que ella prefiere llamar “relevo generacional”, y que dejó al frente de importantes unidades a hombres jóvenes que rondan los 30 años, con currículos impecables y pasados sin atisbo de corrupción. Bajo su gestión se han llevado a cabo la mayoría de casos emblemáticos. Paz y Paz asegura que no es ella la responsable de este revuelo, sino una ordenada y paciente cadena de sucesos, desde jueces que obligan a militares a cumplir la ley, pasando por la creación de tribunales especializados, el concurso de la comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una ley que obliga a transparentar los procesos de selección de magistrados y de fiscal general, una sociedad civil combativa, estoica, insistente… En esta entrevista la Fiscal General de Guatemala explica cómo hizo su país para sacar tanta ventaja a sus vecinos.

Por primera vez nos encontramos a un ex dictador centroamericano, acusado de genocidio, sentado en el banquillo. ¿Qué tipo de respaldos necesitó la Fiscalía para iniciar este proceso?
La posibilidad de este juicio es por el concurso de muchos factores: el más importante es que las organizaciones de víctimas y derechos humanos durante todo este tiempo siguieron pidiendo y demandando justicia por las graves violaciones a los derechos humanos. Cargaron sobre sus hombros, cuando las puertas de la institucionalidad estaban cerradas, la demanda de justicia y el deber estatal de preservar la memoria. Luego, porque mucho del caso se construyó por muchos años, hubo sentencias históricas en el país que permitieron llegar a este momento: cuando se requieren los documentos militares, entre 2008 y 2009, el Ministerio de la Defensa dijo que no los entregaría, pero un juez, una Sala y luego la Corte de Constitucionalidad obligaron a entregar los documentos militares que ahora sirven como prueba. Después, hubo otra decisión jurídica muy importante, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice: en estos casos de graves violaciones el sistema de justicia nacional tiene la obligación de remover todos los obstáculos que impiden el avance. Esa decisión, en el caso de la masacre de Las Dos Erres, la toma la Cámara Penal que dice: que se cumpla. Eso limitó muchísimo una posibilidad que usaban los defensores: interponer uno y otro y otro recurso de amparo para retrasar el proceso. Hay otro factor fundamental y es la evidencia científica. Los antropólogos forenses en Guatemala son un equipo muy fortalecido y han trabajado muchos años exhumando. Creo que hay más de 6,000 personas exhumadas en Guatemala. Esa es parte de la evidencia del caso. Otro factor es que se encontraron los archivos históricos de la Policía Nacional. Tal vez para este caso no es tan relevante la información, pero en otros casos de violaciones de derechos humanos casi que solo con los documentos se han logrado condenas. Y, finalmente, la presencia de CICIG en Guatemala creó dos factores: uno, se sugirieron los Tribunales de Mayor Riesgo, que han logrado ser independientes, a pesar del poder de las personas que se está juzgando; y, con la presencia de CICIG y el apoyo de organizaciones sociales y de diputados comprometidos, se aprobó la Ley de Comisiones de Postulación, que permitió un nuevo proceso de elección de Corte y de fiscal general, que permitió que yo estuviera aquí. La suma de todos estos factores es lo que ha permitido que una querella que se presentó en 2001 finalmente se abra a juicio.

Ha hablado de factores estrictamente institucionales. Sin embargo, no suelen ser estos los obstáculos que normalmente detienen este tipo de casos. Sabemos que los militares en Guatemala conservan una alta cuota de influencia y poder. ¿Cómo apartaron ese obstáculo?
Por ejemplo, se necesitaban esos documentos y la Corte dijo: los tienen que entregar. Y los entregaron. Fue una decisión judicial. Entonces no existía la Ley de Acceso a la Información. Ahora no habría sido necesario. Quizá no lo desarrollé suficientemente. La Ley de Comisiones de Postulación lo que hizo es que cuando se abrieron los procesos que antes eran secretos, la sociedad civil, la CICIG, podían opinar de la idoneidad de los candidatos. Estos procesos permitieron que llegaran mejores personas, personas más calificadas a las salas, la Corte Suprema y al mismo Ministerio Público. Que una persona con mi currículo, abogada de derechos humanos, profesora de universidad, viniera a sentarse a esta silla, se pudo hacer por esa ley. Cuando los currículos son públicos, los punteos son públicos, los nombres que le llegaron al presidente eran mejor que los candidatos anteriores. Eso fortalece la independencia de las instituciones. El Ministerio Público ahora es autónomo. Hay que hablar de cuánto influye la voluntad política para llevar estos casos, porque los fiscales que llevan ahora este caso (el de Ríos Montt), que son fiscales valientes, profesionales, pero siempre estuvieron en la institución. Son funcionarios de carrera, pero cuando sienten el respaldo político, técnico, la seguridad, es cuando se puede proceder a llevar estos casos.

Se ha especulado mucho sobre cómo influiría en este caso un gobierno que tiene a la cabeza a un militar. ¿El gobierno ha sido un obstáculo?
El presidente ha sido muy respetuoso con la institución. Nunca me ha pedido que lleve un caso o deje de llevarlo.

En este caso en particular, ¿no ha influido en absolutamente nada?
En el Ministerio Público, no.

¿Ha sido necesario hacer lobby para tener el respaldo de Washington?
El respaldo de la comunidad internacional para este tipo de procesos es fundamental. Además, en este tipo de casos, el derecho internacional dice que el caso no es nacional, sino que incumbe a la comunidad internacional en su conjunto. Cuando ocurren delitos tan graves como genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, no solo los guatemaltecos son los afectados, sino todo el mundo. Por eso es que se requiere el acompañamiento internacional, es una obligación de todos los Estados velar porque estos crímenes se juzguen, por eso existe el Estatuto de Roma.

Más allá de la sentencia que podría obtener si ganan el juicio, ¿qué más implica tener a Ríos Montt sentado en el banquillo de los acusados?
Que el desarrollo del juicio ocurra bajo las normas del debido proceso va a ser, o es ya, una de las mayores demostraciones de que el estado de derecho en Guatemala se está fortaleciendo. Porque significa que más allá de quién haya sido, incluso un ex jefe de Estado, si cometió graves violaciones a los derechos humanos va a ser enjuiciado; y, si resulta responsable, condenado.

¿Qué cosas permiten tener a un dictador ante un juez, pero no a un narco? Guatemala cree tener la fortaleza para llevar a Ríos Montt ante un juez, pero prefiere extraditar a sus capos. ¿Qué hace la diferencia?
Creo que hay un interés común de Estados Unidos y Guatemala porque estas personas sean juzgadas y que se desestructuren las redes criminales que permiten que pasen drogas, armas, trata de personas y que regrese dinero. Las redes no solo son vinculadas al narcotráfico. Hemos llevado durante mi gestión a más de 120 integrantes de la estructura de Los Zetas a juicio, que es una de las estructuras más sanguinarias. Era impensable en Guatemala que estos narcotraficantes fueran procesados, ahora ya podemos decir que muchos de ellos ya están condenados, entre estos el hijo de Walter Overdick, “el tigrillo”. El papá se fue a Estados Unidos, pero el hijo fue juzgado y condenado acá. Hay otros narcos muy relevantes que han sido juzgados en el país.

Ana de León, una testigo Ixil, llora durante el primer juicio por genocidio contra el ex dictador José Efrain Rios Montt en la Ciudad de Guatemala en abril de 2013. Foto AFP /Johan Ordoñez
 
Ana de León, una testigo Ixil, llora durante el primer juicio por genocidio contra el ex dictador José Efrain Rios Montt en la Ciudad de Guatemala en abril de 2013. Foto AFP /Johan Ordoñez

Podemos hablar también de los principales capos Guatemaltecos: Overdick, Waldemar Lorenzana, Juan “Chamalé”, que fueron extraditados. De haber sido juzgados en Guatemala, ¿tenían la solidez institucional para soportar los vientos que menean este tipo de casos?
(La fiscal se toma un tiempo para responder, hace una pausa de 15 segundos y deja salir un profundo suspiro). Es difícil responder hasta que no se pusiera en el banquillo qué habría ocurrido con las instituciones nacionales si estas personas hubieran sido juzgadas aquí. Por ejemplo, con el ex presidente Alfonso Portillo, a pesar de las abrumadoras pruebas, la sentencia de primera instancia fue absolutoria. Hay mucho que reflexionar alrededor (de los capos). Las peticiones de extradición ya estaban pedidas. Creo que habla mucho del avance en Guatemala el hecho de que los capturáramos y de que algunos ya estén entregados: Overdick, Walter Montejo. ¿Por qué digo esto? Porque durante muchos años ni siquiera… Llegaban por Lorenzana y escapaba, llegaban y se escapaba, eran operativos fallidos. Cuando lo capturamos (esta vez), la fiscal llegó, le preguntó si era Waldemar Lorenzana: sí, le respondió. Iba con su nieto. Lo metió en la patrulla, lo capturó y lo trajo a la ciudad. Un operativo más basado en información que en fuerza, igual con Juan Ortiz (Chamalé).

Como fiscal, ¿considera la extradición a Estados Unidos una manera de librarse de un proceso que sería demasiado engorroso de llevarse a cabo en Guatemala?
Creo que la extradición responde a un interés común de varios países de que se logre justicia. Si lo juzgan aquí es muy bueno para el sistema, si lo juzgan en Estados Unidos es igualmente bueno, porque responde a ese sistema común de no dejar impune un caso. Con México ocurre algo parecido: uno de los detenidos en la famosa narcofiesta en Quiché, en Ixcán, una cosa impresionante, con caballos, gallos, grupo de música, trajeron mujeres de México, en radiopatrullas, por cierto. Cuando se comenzaron a escapar los atraparon. Se detuvo a un narcotraficante muy alto en la jerarquía de Los Zetas que es el famoso “Chombo”. Sale diciendo en el video de la narcofiesta: Yo soy el encargado, o usó otra palabra, del tráfico o algo así en Chiapas. México solicitó su extradición, y nosotros creo que vamos a acceder…

Juzgar a alguna de estas personas aquí, a Lorenzana, a Chamalé, ¿qué implicaciones tiene de cara a su capacidad de corrupción?
En el mismo caso de Overdick hicieron un allanamiento en su casa de Alta Verapaz y detuvieron a su hijo, que ahora está condenado, y a su esposa. Overdick tomó la radio local, esto fue hace como cinco años, y dijo que si no soltaban a la esposa y al hijo iba a matar al juez. Los soltaron. Ahora no, ahora a Overdick lo detuvimos, un tribunal dijo que sí a la extradición y se fue. ¿Qué cambió de aquel día al de hoy? Que allá los jueces viven en Alta Verapaz, conviven en el territorio donde esta persona era fuerte. Ahora esos casos se traen a ciudad de Guatemala y son los Tribunales de Mayor Riesgo los que están juzgando. La Fiscalía de Alta Verapaz no tiene las condiciones de seguridad, ni la de Zacapa donde están los Lorenzana, ni la de Huehuetenango donde están los Montejo, ni la de San Marcos donde están los Chamalé…

Juan Ortiz, alias Chamalé, al centro, es escoltado hacia la corte en la Ciudad de Guatemala en marzo de 2011. Fue arrestado por cargos de tráfico internacional de drogas como empleado del cártel de Sinaloa. Foto AFP
 
Juan Ortiz, alias Chamalé, al centro, es escoltado hacia la corte en la Ciudad de Guatemala en marzo de 2011. Fue arrestado por cargos de tráfico internacional de drogas como empleado del cártel de Sinaloa. Foto AFP

¿Cuáles son los mínimos de seguridad que rodean a un tribunal de Alto Riesgo?
Primera seguridad es que están en la ciudad, segunda es que los jueces tienen seguridad personal, y eso ha funcionado. Después de ser opositora de los Tribunales de Mayor Riesgo como defensora de los derechos humanos, ahora tengo que reconocer que eso ha funcionado: se traen a cárceles aquí y no se quedan en cárceles locales, se traen a fiscalías especializadas en lugar de las distritales. Cuando detuvieron en San Marcos a un comandante de Los Zetas, (sus matones) entraron a la cárcel, mataron a los policías y lo liberaron.

Ese sistema protege a jueces atemorizados, pero no sugiere la posibilidad de que en lugar de temer al crimen sean parte de sus estructuras.
Eso también: jueces y fiscales y policías y miembros del ejército, empresarios, alcaldes y políticos… ¡Eso sin duda! Esta mañana detuvieron en una Fiscalía de narcotráfico de Chiquimula, que es un área muy sensible por ser frontera, a dos agentes que están procesados porque devolvieron un camión de precursores químicos ilícitos antes de recibir las pruebas de laboratorio que demostraban que eran sustancias ilegales.

Desde su mirador, ¿cuál es el nivel de avance en la penetración del crimen organizado en el sistema de justicia, en la Policía y en el Ministerio Público?
Hay un nivel de penetración, pero no podría cuantificarlo, nosotros hemos procesado fiscales por estar vinculados a redes como estas… Hay otro caso de un fiscal de Villanueva, que formaba parte de una red de tumbadores de drogas, o el de unos policías que acabamos de detener la semana pasada, que tumbaron un cargamento de cocaína en carretera a El Salvador. Con el ministro (de Gobernación, Mauricio López Bonilla) hacíamos cuentas de que desde enero de 2012 habíamos detenido a unos 240 policías que estaban vinculados con secuestro, narcotráfico y contrabando de combustibles. Eso es una muestra.

¿Por qué todas las capturas de los grandes narcos se desatan cuando usted llega a la Fiscalía y no antes?
Esto es muy importante: son procesos, las cosas no son de la noche a la mañana sino que son procesos que se habían iniciado con el fiscal anterior, Amílcar Zárate, y que permitieron que esto pasara ahora: la aprobación de la Ley Contra el Crimen Organizado, que contempla varios métodos especiales, entre ellos las escuchas telefónicas. Durante su administración se implementó el método de correlación balística. No me imagino cómo hacían antes sin ese sistema. Tampoco había ADN, había que mandar las muestras a España y venían a los cinco meses. Ahora, si es un caso que urge, en un día tenemos la correlación balística y en dos el de ADN. También existía una separación por desconfianza mutua entre policías y fiscales, y ahora con el ministro López Bonilla hay equipos élites conjuntos de fiscales y de policías que trabajan separados de sus instituciones (Grupos de Tarea) para evitar… contaminación… no quería usar esa palabra.

Tal como describe el fortalecimiento institucional de Guatemala, la CICIG es innecesaria ya.
No lo creo, porque hay procesos que la CICIG desató y que tienen que consolidarse. Faltan dos procesos claves: se aprobó la ley de la formación de la policía de investigación criminal. Si esa policía queda, va a ser un legado para la investigación y va a ser histórico. Hay un proceso de elección de funcionarios en 2014, en el que se elige Corte Suprema de Justicia y Fiscal General.

Pero no está hablando usted de querellar, sino de formación y de supervisión de elecciones. ¿El ministerio público está listo para querellar sin CICIG?
Creo que son etapas. En un primer momento fue un primer traslado de capacidades. Por ejemplo, el caso Rosenberg, que es emblemático, en aquel momento el Ministerio Público no lo habría podido llevar, y además no le habrían creído.

¿Y hoy?
Poco a poco se ha dado ese traslado de capacidades, y ahora estamos trabajando en partes claves de protección a testigos, unidad de análisis financiero… Es ese traslado de capacidades (lo que falta) y cada vez menos los casos emblemáticos.

¿Qué cosas deberían ocurrir antes de que CICIG resulte innecesaria para Guatemala?
Ya le dije dos cosas, y hay una tercera: la carrera judicial, porque mientras no tengamos jueces vitalicios, sino jueces que se renuevan cada cuatro años, los jueces van a estar pensando si la comisión de postulación los va a volver a nombrar o no. Ese es un aspecto clave: un sistema disciplinario de responsabilidad administrativa y penal fuerte con relación a los jueces, pero que sean jueces vitalicios. Eso debe avanzar.

El Ministerio Público está lleno de gente muy joven al frente de unidades importantes, muchachos de 29 o 30 y tantos años. Pareciera que existió una generación de fiscales que no le sirvió y que usted tuvo que relevarla.
¡Ay, qué palabras más duras! Digamos que ya habían cumplido. Es que imagínese: la mayoría de jefes de fiscalías tenían entre 67 y 75 años, y casi todos ellos presentaron sus renuncias; otros, por procesos disciplinarios; y algunos, por proceso penal… Entonces, sí, hay una nueva generación joven.

Me imagino que también hubo una intención de depurar.
Pusimos las metas institucionales, para ver quiénes estaban cumpliendo las metas o no.

Hace poco escuchamos al jefe de la Fuerza de Tarea contra el Robo de vehículos de la Policía de Guatemala, uno de los delitos que más conexión tiene con El Salvador. Se roban acá, se desmantelan y venden allá. Le preguntamos cuántos casos habían coordinado con, por ejemplo, la Fiscalía o la Policía salvadoreña. Nos dijo que ninguno, nunca. Que quizá empezaba uno pronto. El panorama de hacer esfuerzos regionales parece gris.
Creo que las relaciones entre las fiscalías son indispensables. La regionalización, enfrentar como bloque regional al crimen organizado es indispensable, porque el crimen no reconoce fronteras. En estos años se han tejido relaciones muy importantes con México, Panamá, Costa Rica y Nicaragua. Hace nada fuimos a visitar al procurador general de México y tuvimos la agradable visita del fiscal general de El Salvador y yo voy a regresar a El Salvador. Somos frontera. Robos de vehículo es uno, pero extorsiones, narcotráfico, secuestros podrían ocurrir. Hay que fortalecer la relación entre fiscalías.

Se entiende que no menciona a El Salvador y Honduras entre los países con los que han “tejido relaciones importantes” porque los ubica en un nivel menor de relación.
Hay espacios regionales donde coordinamos todos: el Consejo Centroamericano de Fiscales Generales. Cuando te menciono a estos países es porque aparte de este Consejo, donde se deciden cosas importantes, como un servicio centroamericano de protección de testigos, con los otros países también habíamos establecido relaciones bilaterales. Y en el caso de El Salvador es hasta ahora cuando formalmente vamos a determinar estas relaciones. No hemos coordinado aún un caso con la Fiscalía de Honduras, las relaciones que hemos tenido han sido de fortalecimiento institucional. Ellos están creando el sistema de escuchas telefónicas, y vino una comisión acá para ver cómo está trabajando la Unidad de Análisis de la Fiscalía guatemalteca. Les ofrecimos que si iban técnicos nuestros para allá. Hay una relación con Honduras, pero en el intercambio de buenas prácticas. Si llegara el momento de coordinar casos con ellos, hay que hacerlo. Porque si no, lo que ocurre es que lo que hacemos bien aquí generará que les desplacemos a ellos el narcotráfico. Lo que pasa en México afecta a Guatemala. Una persecución eficiente de Los Zetas provocó su desplazamiento al país con todo el daño que causó.

Cuando habla de crimen organizado, de Los Zetas, usted suele nombrar la amplia gama de delitos que comete. ¿Le resulta que hay una sobreatención al tema del narcotráfico a la hora de ver a estos grupos?
Creo que el foco, para contestarte de otra manera, debe estar en las estructuras criminales y no necesariamente en lo que pasa a través de ellas, porque va droga para allá, viene dinero para acá, o personas. Las estructuras criminales tienen que ser el foco de la investigación.

Sobre esto, sobre apuntarle más arriba, en tema de drogas el ministro de Gobernación y el presidente mismo ya hablaron de analizar la despenalización del consumo y portación de ciertas cantidades de drogas. Desde su silla, ¿cómo se ve esa propuesta?
Yo creo que en un tema tan sensible que involucran tantos recursos siempre hay que discutir qué estamos haciendo, si lo podemos hacer mejor. Pensar si lo que estamos haciendo está encaminado a los objetivos que tenemos. Pero las estructuras criminales no están solo en ese delito, están en muchos delitos.

No pretendía con esa pregunta hablar de grandes estructuras criminales, sino más bien de lo que le implica a la Fiscalía tener que procesar a un taxista que llevaba dos gramos de cocaína, a un joven que fumaba un puro de marihuana…
Como Fiscalía hay un cambio en la política de persecución penal. Cuando vinimos acá, más del 85 % de casos que teníamos era posesión para el consumo. Ni siquiera el taxista que estaba vendiendo, un ciudadano que andaba por ahí y tenía droga en su poder. Y además con algo que ocurría en el pasado: eran flagrancias simuladas. La Policía, muchas veces, actuaba así: había un sospechoso de no sé qué, había una investigación deficiente, y aparecía al final (el sospechoso) con posesión para el consumo. La instrucción nuestra ha sido variar esa política y enfocarnos en los grandes casos. Todas las fiscalías se miden, pero en esta Fiscalía no nos interesa que tengan 100, 200, 300 condenas por posesión o estímulo para la drogadicción, sino que vamos por los grandes, los bienes de los narcotraficantes y los grandes narcotraficantes que trasiegan heroína, cocaína, precursores. No al que consume las metanfetaminas ni al que las tiene en su poder, sino al que tiene el laboratorio.

Publicidad
Publicidad

 CERRAR
Publicidad