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La nueva mentira del gobierno sobre la tregua

José Luis Sanz
Publicado el 26 de Agosto de 2013 | Comentarios (0)

El presidente Funes no decía la verdad cuando afirmó que la asignación de plazas PATI a pandilleros fue decisión de las alcaldías. Documentos del Viceministerio de Seguridad y funcionarios del FISDL confirman que la focalización es parte de una estrategia de reinserción en la que participa también el MOP y que es del conocimiento de otros ministros. En Ilopango, fueron los mismos pandilleros los que eligieron, en una reunión con funcionarios, a los participantes en el programa.

El 22 de enero 2013, Marvin, un pandillero de la Mara Salvatrucha, firma junto a David Munguía y Fabio Colindres, el documento en el acto oficial de declaración de Ilopango como un Municipio Libre de Violencia. Foto El Faro

El 22 de enero 2013, Marvin, un pandillero de la Mara Salvatrucha, firma junto a David Munguía y Fabio Colindres, el documento en el acto oficial de declaración de Ilopango como un Municipio Libre de Violencia. Foto El Faro

Al igual que muchos funcionarios públicos o empleados de oenegés que trabajan en el terreno, Yanira Corvera ha adoptado el hábito de referirse a los pandilleros de la misma forma prudente y respetuosa en que lo hacen quienes viven en colonias controladas por pandillas. Los llama “los muchachos”. Aunque en las actas de las reuniones que ella y funcionarios del gobierno del presidente Mauricio Funes han sostenido con representantes de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 para coordinar el Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI) los pandilleros suelen aparecer como “jóvenes”, “jóvenes en riesgo” u “observadores”.

El viernes 28 de junio entró en funcionamiento en Ilopango la séptima fase del Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI), una estrategia gupernamental de subsidio a personas sin empleo que garantiza un pago mensual de 100 dólares durante seis meses, a cambio de la participación en cursos de formación laboral. La semana anterior, el miércoles 19 por la tarde, en la sala de la alcaldía en la que habitualmente sesiona el concejo municipal, se celebró una de esas reuniones entre empleados de gobierno y pandilleros que el presidente Mauricio Funes dice no haber autorizado nunca: María Dorislea Pérez Mangandi, asesora del FISDL para el PATI en Ilopango, y Yanira Corvera, delegada de la alcaldía en el programa PATI, se sentaron con líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y del Barrio 18 para tomar la decisión final sobre quiénes serían los 400 participantes en el programa.

Corvera explica que días antes el FISDL, que depende del Ejecutivo, había terminado de elaborar la llamada “lista de priorizados”. En ella, siguiendo los protocolos habituales, se había eliminado ya a todos los aspirantes que no cumplían los requisitos del programa -edad mayor a 16 años y falta de empleo- y se había colocado al resto en un ránking que favorece a aquellos en peor situación económica. En teoría solo faltaba una depuración final, que se suele realizar con base en el criterio de los líderes comunitarios de cada asentamiento, los mejores conocedores de la realidad y necesidades de sus vecinos. Pero la lista, esta vez, tenía una particularidad: la inmensa mayoría de los aspirantes eran pandilleros. Desde abril todos en la alcaldía y en el FISDL sabían que esta fase del PATI en Ilopango estaba directamente dirigida a las pandillas y se había reservado 200 plazas para la MS-13 y otras tantas para el Barrio 18.

Por eso a esta reunión no se convocó a las Asociaciones de Desarrollo Comunal (Adesco) de los asentamientos seleccionados. “Solo estaban los muchachos”, dice Corvera.

A fin de agilizar la tarea, la representante de FISDL se quedó sola con los representantes de la Mara Salvatrucha en la sala de concejos para revisar las listas de beneficiados en los asentamientos controlados por la MS-13, mientras Corvera se trasladó con los del Barrio 18 a su minúsculo despacho de dos por dos metros ubicado a cuadra y media del edificio principal de la alcaldía, para hacer lo mismo en los asentamientos controlados por estos. Listas del FISDL en mano, los pandilleros fueron depurando nombres. En las hojas de trabajo de aquel día aparecen, del puño y letra de los pandilleros, un “ok”, un “sí” o un “no” al lado de la casilla de cada aspirante. En el reverso de las páginas, el palabrero o el representante de la clica de cada comunidad ha escrito “revisado por”, su nombre y su firma. A Marvin, el principal líder de la Mara Salvatrucha en Ilopango, le tocó revisar las listas de las comunidades Alaska y Las Cañas. Junto a su firma y la fecha, puso la hora: 5:34 pm.

“Charlie”, el vocero del Barrio 18 en el municipio, acepta como normal haber estado también él en esa reunión. Afirma que durante todo un mes ya había venido participando junto a la delegada del FISDL en cada una de las etapas del proceso de selección de participantes en el PATI y confirma que la intención expresa era que todos los elegidos fueran miembros de la pandilla, aunque no lo lograron. “De nosotros hay 115 (de las 200 plazas reservadas para la 18), porque no pudimos completar la cantidad de gente. Unos por falta de documentos, otros porque no pueden llegar o porque la Policía los está persiguiendo... por eso se incorporó a gente civil”, dice. De los otros 85, la mayoría son familiares de dieciocheros, aunque también hay, dice “Charlie”, gente que nada que ver.

En las colonias de Ilopango dominadas por la 18, no todos los participantes en PATI son pandilleros porque al Barrio 18 le sobró espacio.

El presidente y su “yo no fui”

El sábado 27 de julio el presidente de la república, Mauricio Funes, dedicó buena parte de su programa radial semanal “Conversando con el presidente” a responder a dos artículos periodísticos sobre la tregua de las pandillas. En una entrevista convertida en monólogo , primero negó que su gobierno hubiera reservado plazas del PATI para asignárselas a pandilleros, como había dicho ese martes el alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, en La Prensa Gráfica. “Quienes seleccionan a los beneficiados son los alcaldes, junto con la comunidad”, dijo Funes. “Si hay beneficiados (…) que son pandilleros, ya no es decisión del gobierno.”

El presidente respondió también, por adelantado, a un artículo que El Faro todavía no había publicado, y negó haber autorizado que el exviceministro de Seguridad Douglas Moreno se reuniera con pandilleros y coordinara con ellos el aterrizaje en sus territorios de planes de reinserción y prevención vinculados a los Municipios Libres de Violencia (MLV), como el mismo exviceministro había confirmado a El Faro. “El gobierno no se reúne con jefes de pandillas para autorizar nada”, repitió Funes.

La realidad es otra: la asignación de plazas PATI a pandilleros en los MLV no es un exceso de ninguna alcaldía, sino parte de las políticas de reinserción laboral diseñadas e impulsadas por el Ejecutivo los últimos meses en apoyo de la tregua, y se articuló desde FISDL con conocimiento de su cúpula y participación constante de sus operadores en el terreno, que trabajaron y trabajan aún en contacto directo con las pandillas. Documentos de trabajo del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Obras Públicas retratan esta medida como parte de un plan de prevención más amplio, coordinado por el Viceministerio de Seguridad, con conocimiento y apoyo de otras instituciones del Ejecutivo.

Hay funcionarios del gobierno de Funes que, como parte necesaria de su trabajo de prevención o de intervención comunitaria, siguen sosteniendo reuniones periódicas con representantes de las pandillas.

Fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad aseguran sin embargo que la mayoría de componentes de acción que incluía el plan de intervención diseñado a finales de la etapa de Munguía Payés como ministro de Seguridad se han detenido desde el nombramiento de Ricardo Perdomo en el cargo. Y funcionarios del FISDL y del Ministerio de Seguridad se muestran preocupados por la posibilidad de que la insistencia del Ejecutivo en distanciarse de la tregua y negar cualquier contacto con los pandilleros acabe por destruir lo que consideran avances en estrategias de prevención y reinserción. “Hay cosas que cuanto más se agachen y escondan va a ser más difícil defenderlas”, dice una de las personas implicadas en la ejecución del programa PATI.

Guardar las apariencias

La publicación de LPG del 23 de julio, que destacaba en portada la entrega de plazas de PATI a pandilleros, levantó de su silla a la embajada de Estados Unidos en El Salvador, que se apresuró a pedir explicaciones al gobierno de Funes. En Ilopango y los otros dos municipios en los que está actualmente reservado para la MS-13 y la 18, el PATI se financia con fondos de la agencia de cooperación estadounidense, USAID, y puesto que el Departamento del Tesoro considera desde septiembre de 2012 a la Mara Salvatrucha una organización criminal transnacional, la entrega de dinero público norteamericano a pandilleros no solo contradice la postura política de Washington, crítica con la tregua, sino que coloca a USAID en una delicada situación jurídica.

A través de sus voceros, la embajada estadounidense en El Salvador confirma que tras la publicación de LPG inició una investigación sobre la ejecución del proyecto PATI en los municipios que reciben sus fondos. “Los fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), para el Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI), están destinados a beneficiar a las personas afectadas por la crisis económica global, y no están destinados a cualquier grupo demográfico”, dice Mari Tolliver, consejera para Asuntos Públicos de la embajada estadounidense, en una velada crítica a la focalización en pandilleros.

La gerente de proyectos del FISDL, Ángela Zamora, dice estar al tanto de que funcionarios estadounidenses han pedido explicaciones al gobierno a raíz de la publicación de La Prensa Gráfica. “Es normal que pidan información, porque fue una publicación fuerte. Pero en realidad estamos sometidos a una auditoría permanente y no tenemos problema por darles cualquier información. USAID va a quedar satisfecho en ese sentido”, dice.

Zamora niega de forma rotunda que en municipio alguno el subsidio se haya centrado en pandilleros y asegura que la convocatoria y selección en Ilopango se hizo de la misma manera que en años anteriores. “El PATI se ha seguido aplicando tal cual se diseñó. No se ha alterado ni añadido ningún criterio de focalización. El mismo criterio que se aplica en un Municipio Libre de Violencia es el que se aplica en uno no libre de violencia”, asegura.

La funcionaria aclara sin embargo que hay personal del FISDL involucrado en todas las etapas del proceso de selección y que los asesores/representantes en cada municipio están encargados de informar a sus superiores en la entidad del desarrollo del mismo, por lo que implícitamente corrige al presidente Funes: la selección de participantes en el PATI no depende solo de los alcaldes. “Supongo que el presidente se refería a que quien hace la convocatoria (para que los aspirantes al PATI se inscriban) es la municipalidad. Nosotros solo les decimos que esa convocatoria tiene siempre que ser abierta.”

Tanto ella como Jesús Valencia, responsable de la estrategia Comunidades Solidarias, en la que se incluye el PATI, alegan que es imposible para ellos saber si quien se inscribe como aspirante al programa pertenece o no a una pandilla, y no descartan que algún pandillero que reúna los requisitos participe o haya haya podido participar antes del programa, pero niegan cualquier focalización deliberada.

Al menos otras dos personas que trabajan en el FISDL y conocen el funcionamiento del programa PATI contradicen esa versión oficial. Afirman que, desde que se decidió que el FISDL apoyaría la estrategia de Municipios Libres de Violencia, la institución supo que las plazas de PATI en esos municipios formarían parte de una estrategia de discriminación positiva a favor de pandilleros, como apoyo a su posible rehabilitación.

“Sabíamos que se iba a destinar cuotas de programas para ayudar al desmontaje de esta situación (de violencia)”, afirma una de ellas, que se muestra defraudada por el hecho de que el presidente no respalde esa estrategia. “Sería estúpido esconderlo. ¿Cuántos chicos de pandillas habrán pasado por PATI desde que inició en 2010, si los asentamientos de pobreza a los que va dirigido el programa siempre han sido los mismos en los que viven los pandilleros? ¿Cómo no íbamos a beneficiar a pandilleros y a sus familias, sus madres, sus tíos y tías? Hemos sido desde el principio conscientes de eso”, dice. “Esto pudo haber sido defendible. Si tienes dos hijos y uno está más cerca del precipicio, ¿a quién vas a ayudar primero? ¡Ahora se crea este revuelo, y nadie lo defiende!”

“Charlie”, representante del Barrio 18 en Ilopango, también desmiente la versión oficial de FISDL. Dice que durante mayo representantes de las dos pandillas sostuvieron reuniones constantes con la asesora de FISDL para el PATI en Ilopango y con un representante de la Dirección de Prevención de la Violencia y Cultura de Paz (Pre-Paz), del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, primero para elaborar las listas de aspirantes a PATI en los ocho asentamientos -cuatro en territorio de la MS-13 y cuatro en zona de la 18- en los que se implementaría, y después para ir depurándola. En todo momento, según dice, se mantuvo clara y vigente la intención de que las 400 plazas disponibles fueran para las pandillas: “Dorislea (Pérez Mangandi, del FISDL) nos dijo que el proyecto era para nosotros, para jóvenes en riesgo”.

Yanira Corvera, de la alcaldía de Ilopango, confirma ese punto y aclara además que por falta de tiempo (la decisión de implementarlo fue firme en abril y el programa debía comenzar a finales de junio) y dado que los pandilleros elaboraron las listas, en Ilopango no se hizo ninguna convocatoria abierta, pública, para participar en la séptima fase del PATI. De acuerdo con lo dicho por Ángela Zamora, este hecho tuvo que haber sido informado por Dorislea Pérez Mangalí a sus superiores, pero si fue así ello no evitó que el programa se pusiera en marcha.

Corvera retrata, además, hasta qué punto era evidente que los futuros participantes eran pandilleros: “Entre el 4 y el 7 de junio se realizó el proceso de inscripción formal de aspirantes, mediante reuniones en lugares públicos, como casas comunales, con los muchachos, pero varias veces sucedió que el chico al que los trabajadores del FISDL le estaban tomando los datos salía corriendo porque la Policía llegaba al lugar o le avisaban que andaba cerca.”

El Faro contactó con Dorislea Pérez Mangandi para que diera su versión sobre la forma en que se hizo la selección de participantes en PATI en Ilopango, pero la delegada del FISDL no quiso dar declaraciones. Afirmó que por protocolo interno de la institución los asesores de FISDL no pueden conceder entrevistas.

La estrategia huérfana

Cuando, el 22 de abril, El Faro reveló una primera reunión de Douglas Moreno con pandilleros en la alcaldía de Ilopango e hizo pública su promesa de asignar 200 plazas en el PATI a cada pandilla, Funes no respondió a la publicación y el gobierno no se desmarcó de las acciones y afirmaciones de Moreno, que también anunció ese 19 de abril a los representantes de la MS-13 y de la 18 que recibirían apoyo del Ministerio de Agricultura para montar granjas avícolas y criaderos de peces, y que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) se comprometía, como parte de la estrategia de MLV, a contratar a pandilleros como obreros en todas las obras que realizara en el municipio.

El día anterior, Funes había anunciado en Washington, ante funcionarios del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), su estrategia para aprovechar y sostener la tregua, que desde que inició en marzo de 2012 ha permitido una fuerte reducción de homicidios en el país: “Los pandilleros (…) llegan con un pliego de peticiones (…) y todas esa peticiones tienen que ver con oportunidades de educación y empleo, solicitan crédito para montar cooperativas, para montar pequeñas fábricas, fábricas familiares de calzado, de ropa (…) A las demandas planteadas por los líderes de pandillas tenemos que darles una respuesta como Estado pero también como sociedad. (...) Les estamos satisfaciendo necesidades que los van a sacar del mundo criminal de las pandillas”, dijo Funes aquel 18 de abril.

Pero el 27 de julio, en su programa de radio, el presidente cambió su discurso. Además de negar haber autorizado diálogo directo alguno entre funcionarios de su gobierno y pandilleros, aseguró que, de haber sabido que Moreno asumía compromisos de planes de reinserción con ellos, lo habría destituido inmediatamente. “Yo no me puedo hacer cargo de los acuerdos a los que llegó Douglas (con las pandillas y con alcaldes) y no me puedo hacer cargo del desaguisado que cometió teniendo esa reunión (con líderes pandilleros)”, dijo.

Documentos de trabajo del Ministerio de Justicia y Seguridad que detallan la intención y componentes de la estrategia de los MLV incluyen sin embargo, de forma explícita, el componente de inserción socioproductiva de pandilleros como una de las “áreas prioritarias de intervención propuestas por el gobierno” y lo vinculan con la participación del Ministerio de Agricultura (MAG), el MOP y el FISDL. Las promesas o acuerdos de Moreno eran parte de un plan interinstitucional.

Roberto López, delegado departamental de San Salvador de Pre-Paz, el organismo del Viceministerio de Seguridad encargado de coordinar la ejecución de planes en los Municipios Libres de Violencia, confirma que los lineamientos que ha recibido, y que aún se mantienen después de la llegada de Ricardo Perdomo como ministro de Seguridad y la salida de Moreno como viceministro, establecen que su trabajo en los MLV está, a diferencia del resto de lugares, centrado en “la prevención terciaria, es decir, la rehabilitación”. Coincide también en decir que las acciones concretas para la reinserción de pandilleros recaen, por diseño estratégico, “en el MOP y en el programa PATI”. “Al menos en un momento inmediato, aunque después hará falta una ley que dé sostenibilidad a esto en el tiempo, porque si no, ¿qué van a hacer los monos después de esas capacitaciones?”, dice.

A finales de 2012, los mediadores de la tregua, Raúl Mijango y Fabio Colindres, pidieron a la Asamblea una serie de reformas encaminadas a dar soporte jurídico al diálogo con pandilleros y a posteriores estrategias de reinserción, pero hasta el momento no ha habido ningun cambio legal. El ministro de Seguridad, Ricardo Perdomo ha reconocido que la ley de proscripción de pandillas, que en teoría obliga a detener a cualquier pandillero solo por el hecho de serlo, no se está aplicando en realidad, pero tampoco hay una fórmula legal que distinga a pandilleros involucrados en procesos de rehabilitación de otros que no lo están. Las distinciones que hacen instituciones de gobierno para desarrollar trabajos de prevención y reinserción son, por tanto, de facto y jurídicamente confusas.

Verónica Gil, jefa de Gestión Social Comunitaria del MOP, afirma que el MOP no destina expresamente a las pandillas plazas de trabajo en sus proyectos, aunque aclara que no los discrimina y reconoce que, antes de que el presidente lanzara la nueva estrategia de apoyo a los MLV el MOP ya había contratado a pandilleros para trabajos en La Campanera, en Soyapango, junto a otros miembros de la comunidad. 60 personas en total.

“Nuestro referente son las Adesco”, dice Gil, en un discurso similar al que mantiene oficialmente el FISDL, “pero si a las reuniones llegan pandilleros, que lleguen.” La política, parece ser, es no preguntar quién es quién, sentarse con los líderes comunitarios sean quienes sean y asumir que si, por ejemplo, los pandilleros controlan la Adesco, obviamente no le corresponde al MOP valorarlo. “No les damos (a los pandilleros) más importancia que la que ellos ya se han ganado en las comunidades”, afirma Gil. Con esta lógica, el MOP tiene previsto contratar a un mínimo de 246 personas para ejecutar 24 proyectos en Municipios Libres de Violencia durante los próximos ocho meses. Tres de esos proyectos son en Ilopango.

Pero, de nuevo, son Yanira Corvera y “Charlie” quienes contradicen el juego de límites difusos que describe la funcionaria de Obras Públicas. “Tanto nosotros como los representantes de las letras (la MS-13) conocemos a esa señora (Gil) y ya nos hemos reunido con ella”, dice el representante del Barrio 18 en Ilopango, “y nos dijo que las plazas (de trabajo de los proyectos) eran directamente para nosotros, que ya estaba autorizado. Pero eso no nos llegó nunca. Eran solo palabras.” La delegada municipal respalda la afirmación del pandillero y asegura que la delegada del MOP prometió, en reuniones con funcionarios de la alcaldía de Ilopango y pandilleros, un mínimo de 36 plazas de trabajo para miembros de las dos pandillas.

“La línea, en las reuniones de coordinación interinstitucional de los Municipios Libres de Violencia, era clara en que las plazas del PATI y las del MOP iban a ser focalizadas para pandilleros. Se habló explícitamente de ello con las instituciones encargadas”, explica una persona que participó en esas reuniones de coordinación en representación del Ministerio de Justicia y Seguridad.

Las citadas reuniones se celebran de forma constante desde abril y a ellas asisten representantes de todas las instituciones implicadas en los Municipios Libres de Violencia: Ministerio de Seguridad, Pre-Paz, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, MOP, Ministerio de Agricultura (MAG), FISDL e Injuve. Existen, además, tres niveles de interacción: político institucional, ejecutivo y operativo. El operativo se desarrolla en los municipios, en coordinación con alcaldías, líderes comunitarios y, aunque oficialmente se niegue, representantes de las pandillas. El ejecutivo reúne a técnicos de las instituciones implicadas. En el político institucional participan los ministros y los presidentes de las instituciones.

Las primeras reuniones al nivel político institucional las convocó el secretario de Asuntos Estratégicos y Ministro de Educación, Hato Hasbún, por orden directa del presidente. La guía del diálogo la llevaba sin embargo el entonces viceministro Douglas Moreno, que diseñó la estrategia y tenía órdenes de Funes de coordinarla. En esas reuniones se acordó con FISDL y MOP su cuota de plazas para rehabilitación, es decir, la reserva de plazas PATI y los empleos temporales en proyectos de Obras Públicas.

Otra fuente que participó en esas reuniones confirma que en el nivel ejecutivo se hablaba expresamente con los representantes del FISDL de la focalización de plazas para rehabilitación de pandilleros, con Ilopango como “una especie de municipio piloto”. “Fue una de las propuestas mejor acogidas por las partes, es decir, por la gente de los ministerios presentes y el FISDL. Y es imposible que eso se decidiera sin que lo supieran los ministros, porque en esas reuniones técnicas solo había personas de máxima confianza de los titulares”, dice, aunque aclara que los representantes del FISDL siempre insistieron en que la focalización se hiciera “dentro del marco legal”. “Les preocupaba que apareciera como participante en el PATI algún pandillero con orden de captura, porque ahí podría ir alguien alguien de cabeza a la Fiscalía”. De nuevo, los esfuerzos de reinserción se encontraban huérfanos de regulación.

Esas reuniones de coordinación en Casa Presidencial se siguen celebrando, pero los cambios de funcionarios en la cabeza y diversos brazos del Ministerio de Seguridad han alterado sus líneas de trabajo. Desde que el ministro Ricardo Perdomo está a la cabeza de la estrategia, los delegados locales de los ministerios implicados han dejado, al menos en Ilopango, de reunirse directamente con pandilleros, como sí lo hacían antes. “Bien bonito avanzaba ese proceso”, dice una fuente del Ministerio de Seguridad, que lamenta que los lineamientos de Perdomo y las declaraciones públicas del presidente Funes hayan forzado un giro. Orlando Murcia, gerente de la alcaldía de Ilopango, muestra fotografías de aquellas reuniones, llenas de chalecos de instituciones de gobierno como el MOP o el Ministerio de Salud. Ahora, dice “Charlie”, los encuentros con el MAG, Salud o el MOP han cesado. Solo se mantienen, como prueban las actas de la comisión de seguimiento del programa PATI, los encuentros con la representante del FISDL.

“La última reunión con Dorislea y un ingeniero del Insaforp que va a capacitarnos fue este martes (13 de agosto), en Base 6, una sede de la alcaldía”, dice el pandillero. “Ahí estuvieron representantes civiles de cada AUP (Asentamiento Urbano Precario, beneficiario del PATI), que son gente civil que nosotros elegimos para que venga con nosotros a las reuniones y la gente se dé cuenta de que el beneficio de esto es para toda la comunidad”, explica.

Falta ver si el nombramiento del nuevo viceministro de Seguridad, y la reciente sustitución del responsable de Pre-Paz, Santiago Flores, por una persona que lleva poco tiempo en el ministerio pero también era de la confianza de Moreno, Lorena Montano, impactan de nuevo, y de qué forma, en el rumbo de la estrategia.

El mediador Raúl Mijango, que ha tenido tensiones con Perdomo pero parece seguir teniendo el respaldo del presidente Funes a su trabajo, afirma que, hasta donde él sabe, todos los compromisos que asumió Douglas Moreno con las alcaldías y los pandilleros siguen en pie. “Pre-Paz ha encontrado obstáculos, por nuevos lineamientos de esta administración que son incompatibles con el trabajo que venía realizando”, dice Mijango, “pero para los 94 días efectivos de trabajo que le quedan a este gobierno, solo espero que hagan lo posible para que este proceso (la tregua) siga adelante.”

De “pandilleros” a “Jóvenes Líderes Constructores”

En su programa de radio del 27 de julio, Funes llegó a afirmar que la estrategia gubernamental de los Municipios Libres de Violencia “no tiene nada que ver con las pandillas”, a pesar de que en enero pasado el entonces ministro de Seguridad, David Munguía Payés, presentó esta iniciativa como una “segunda fase de la tregua”. Y a pesar de que el documento por el que se nombró a Ilopango el primero de esos municipios lo firmaron el mismo Munguía, el alcalde Ruano y representantes de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18 que aparecen en el documento como “jóvenes representantes del programa de reinserción y rehabilitación”.

Ahora que Perdomo ha cambiado el nombre a la estrategia y habla de la búsqueda de un “pacto social” que incluya a los pandilleros pero que no tenga participación directa del gobierno, la terminología comienza a cambiar. “Solo ha cambiado el nombre”, dice un técnico de Pre-Paz que da seguimiento a los programas en varios municipios del departamento de San Salvador. “Ahora en Apopa, por ejemplo, a los pandilleros se les llama ʻJóvenes Líderes Constructoresʼ”.

El baile de expresiones usadas en los documentos oficiales para referirse a los pandilleros incluye también el de “población en situación de vulnerabilidad” o la ya conocida de “jóvenes en riesgo”, utilizada por la Alcaldía de Ilopango en todas sus convocatorias y actividades con pandillas. El uso de eufemismos responde, por un lado, a una concepción de fondo, que en teoría pretende incluir en las políticas de prevención y reinserción no solo a pandilleros, sino también al resto de jóvenes desempleados en las comunidades más pobres de los Municipios Libres de Violencia. Pero por otro esconde, en esta primera etapa en la que los escasos programas de ayuda estatal están focalizados en la pandilla, la necesidad de maquillar de cara a la opinión pública el trabajo directo con la MS-13, el Barrio 18 y otros grupos como la Mara Máquina.

En Ilopango, aun así, los representantes de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18 portan carnés expedidos por la municipalidad que los acreditan como miembros del Comité Municipal de Prevención, la expresión local del sistema de prevención diseñado por el Ejecutivo. Como miembros del Comité, los pandilleros tienen reuniones mensuales con los Adesco para evaluar cada programa de los Municipios Libres de Violencia, y en las reuniones de instituciones públicas con representantes comunitarios siempre hay uno o varios representantes de las pandillas.

La mañana del viernes 16 de agosto, en la escuela de la colonia Vista al Lago, en Ilopango, se celebró el acto protocolario de lanzamiento del programa “Cero grafitos”, por el que los representantes de la Salvatrucha se comprometían a borrar sus pintadas en los muros de las escuelas y sus alrededores en el municipio. La otra pandilla ha prometido hacer lo mismo en los territorios que controla. Como parte de la mesa de honor del acto, Marvin, el representante de la MS-13 en Ilopango, el mismo que en enero firmó junto a Munguía Payés para declarar a Ilopango libre de violencia y en junio firmó en la depuración de las plazas del programa PATI, cantó el himno nacional con la mano en el pecho. A su derecha estaban, también cantando, el director de la escuela, Misael Serrano, y el jefe de policía en Ilopango, el inspector Menjívar. A pesar de las declaraciones públicas del presidente, representantes del sistema educativo y de la Policía Nacional Civil se siguen reuniendo con pandilleros como parte de la iniciativa Municipios Libres de Violencia.

Durante el acto, Raúl Mijango, el mediador al que el presidente invita en ocasiones a cenar a su residencia para hablar del rumbo de la tregua, aplaudió que el alcalde Salvador Ruano -el mentiroso, según Funes- no esconda su participación en la tregua. “Ya quisiera que el país tuviera 262 Ruanos- Otros que debieran ser más protagonistas se hacen los de los panes”, dijo.

Después hablaron pastores religiosos del municipio, el director de la escuela y, por último, Marvin, en nombre de la Mara Salvatrucha: “Seguimos para adelante con la bandera de la paz. (…) La voluntad de nosotros es grande y si nos tocara superar desafíos más grandes así como lo estamos haciendo estos días, lo hiciéramos”, dijo. Le aplaudió el alcalde. El inspector policial, dependiente del gabinete de Perdomo, también aplaudió las palabras del pandillero. Y le aplaudieron 200 niños sentados en en sus pequeñas sillas, con uniforme escolar. Minutos después, esos niños se empujaban para alcanzar una de las brochas compradas por la alcaldía para tapar con pintura un enorme “Ver, oír y callar” negro en una pared pocos metros fuera de la escuela. La Mara Salvatrucha, tras discutirlo con las autoridades locales y Raúl Mijango, lo había autorizado.

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