Entre Alaska y la Patagonia no hay otro país con las cárceles tan abarrotadas. En Haití y en Bolivia la situación inquieta, pero aún están lejos del surrealismo alcanzado por El Salvador: en 2010 encontraron a un hombre en un penal que debía estar libre desde 2001. Dicen los entendidos que ese hacinamiento feroz –y la desidia gubernamental– es el detonante de lo demás: el medievalismo, la falta de personal y de evaluaciones, la corrupción, la sistemática vulneración de derechos. Haya uno asesinado y desmembrado a ciento o haya robado una gallina, no resulta sencillo cumplir condena en el sistema penitenciario más hacinado del continente… salvo si tu cuñado es el director general de Centros Penales.

En primer plano, Nelson Rauda Portillo, director general de Centros Penales. A su derecha está el ministro de Justicia y Seguridad Pública, cartera de la que depende la institución dirigida por Rauda. Foto Mauro Arias

Nelson Rauda Portillo ocupó entre junio de 2009 y febrero de 2012 el cargo de subdirector general de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), la institución adscrita al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública que administra las cárceles salvadoreñas. En febrero Rauda asumió como director general.

Su cuñado –casado con una hermana, y cuyos nombres y apellidos se omiten por razones de seguridad– cumple desde abril de 2010 una condena de seis años por posesión y tenencia de drogas. Transcurridos apenas dos años, el cuñado de Rauda ya se encuentra en la llamada Fase de Confianza que, entre otros beneficios, le otorga constantes permisos de salida.

La Fase de Confianza es un derecho que la Ley Penitenciaria brinda a todos los privados de libertad, sin distinción. La ley es tan flexible que si el personal de la DGCP hiciera una interpretación generosa, un reo condenado a 50 años podría pasar a Fase de Confianza a los ochos meses. Pero en la práctica, el simple hecho de alcanzar esa fase es cosa de privilegiados, en especial cuando se habla de varones. La cifras de la DGCP indican que de los 24 mil 353 hombres encarcelados al 26 de noviembre, tan solo 374 estaban en Fase de Confianza, el 1.5%.

Ley Penitenciaria en mano, estar en Fase de Confianza con un tercio de la pena no es ilegal. Pero ser uno de esos 374 privilegiados sin haber cumplido al menos la mitad de la pena es algo así como ganarse la lotería. El cuñado de Rauda se la ganó a pesar incluso de que está recluido en un penal que tiene el equipo técnico criminológico (el personal que evalúa a los reos y propone el beneficio) incompleto.

Para este reportaje se consultó a una docena de fuentes relacionadas con lo que se cuece en las cárceles (abogados, jueces de vigilancia penitenciaria, evaluadores de la DGCP, reos, representantes de instituciones y oenegés que velan por los derechos humanos), y el diagnóstico fue unánime: el sistema está desbordado, se presta a todo tipo de arbitrariedades y resulta prácticamente imposible estar en Fase de Confianza al mes siguiente de haber cumplido un tercio de la condena.

Salvo, claro está, si tu cuñado es el director general de Centros Penales.

“Este es un caso especial, sin duda”, dice Heliodoro, nombre que usaremos para identificar a un reo que también está en Fase de Confianza y que accedió a hablar bajo condición de anonimato. Cumple una condena arriba de los 20 años y lleva recluido más de una década: “Yo soy un afortunado por estar en Confianza sin haber cumplido la media pena, pero a mí la primera vez que me evaluaron llevaba ocho años adentro”.

“Evidentemente, ha recibido un trato especial”, dice Ástrid Torres Flores, jueza de Vigilancia Penitenciaria de Santa Tecla, el juzgado que lleva el caso del cuñado de Rauda.

El cuñado, según consta en su Expediente Único (el dossier que la DGCP tiene la obligación de elaborar a cada uno de los internos, con todas las resoluciones judiciales, evaluaciones, datos y sanciones), fue evaluado por personal de la DGCP tres veces en 13 meses, y entre dos de esas evaluaciones ni siquiera habían transcurrido los seis meses que la ley exige entre una y otra.

Al director general de Centros Penales se le solicitó por escrito una entrevista para que contara su versión de los hechos pero, si bien tanto él como su predecesor Douglas Moreno, citaron y recibieron a El Faro, se escudaron en que no querían poner en riesgo la vida del cuñado y prefirieron no dar declaraciones (ver nota aparte).

El cuñado de Rauda, antes de la condena

Hasta el día de su detención, el cuñado de Rauda trabajaba como notificador en el Juzgado Segundo de Paz de Colón (La Libertad). Entonces tenía 40 años, casado, padre de tres hijos, y vivía en una de las urbanizaciones de clase media que hay sobre la carretera Panamericana, ruta a Santa Ana. Su salario como empleado de la Corte Suprema de Justicia era de 750 dólares mensuales, pero se ve que quiso ganar un dinerito extra trasegando marihuana y, según el denunciante que originó la investigación policial, crack.

El proceso penal que se le siguió en el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla está clasificado bajo el número 314-C2-2010. Estos son algunos de los hechos recogidos: el 6 de abril de 2010, como consecuencia de una denuncia ciudadana, la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC) comenzó a investigar al cuñado, el caso fue notificado a la Fiscalía, le dieron seguimiento, le tomaron fotos, hicieron croquis de su vivienda, y el 16 de abril, poco después del mediodía, lo detuvieron en el cruce de la 4.ª avenida Norte y calle Francisco Menéndez, en el cantón Lourdes, en el municipio de Colón.

El cuñado de Rauda se desplazaba en una bicicleta marca Corsario y portaba encima casi 50 gramos de marihuana, por lo que fue remitido a la delegación. Allí admitió que guardaba más droga en su cubículo del Juzgado, situado a pocas cuadras, y horas más tarde llegaron la Policía y un fiscal, y en efecto hallaron un bolsón oscuro con otras 28 porciones de marihuana. Por todo le hallaron más de 96 gramos.

La sentencia también dice que obtenía la droga como pago por, en su calidad de notificador judicial, “dar aviso a los vendedores de droga y pandilleros de la pandilla delincuencial denominada ‘Mara Dieciocho’, de la solicitud de registros y allanamientos efectuados por la Policía”.

Los tres jueces (dos mujeres, un hombre) que integraban el tribunal validaron las pruebas, creyeron a los testigos y el 13 de octubre de 2010 lo condenaron por unanimidad por posesión y tenencia. Le impusieron seis años que se cumplirán el 18 de abril de 2016.

Un sistema penitenciario medieval

Ya se ha dicho: el sistema penitenciario salvadoreño está colapsado y se presta a arbitrariedades. Es algo que ni la DGCP trata de disimular.

En enero de 2012, un mes antes de dejar el cargo, el ex director general Douglas Moreno (la persona que llevó a Rauda a la DGCP, hoy viceministro de Seguridad Pública, amigos) concedió una entrevista en la que definió como “escusados” las cárceles salvadoreñas. Año y medio antes, en mayo de 2010, Moreno había denunciado corrupción entre el personal de la DGCP. “Hay sospechas contra miembros de los equipos técnicos y contra los consejos criminológicos (las dos instancias que deciden quién pasa o no a Fase de Confianza), por eso todos están siendo investigados”, dijo al diario La Prensa Gráfica. Habló de 22 profesionales destituidos, y hasta cifró en 600 dólares el precio que se cobraba al reo por una evaluación positiva.

En el penal de Mariona, lo que algún día fue una biblioteca hoy se ha reconvertido en dos celdas de aislamiento, sin retretes ni agua, en las que se amontonan unas 40 personas a las que solo les permiten salir al patio 20 minutos al día. Foto Pau Coll

¿Cosa del pasado? No. La evaluación que hoy hace Gerardo Alegría, el procurador adjunto de Derechos Civiles e Individuales de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), es todavía más pesimista: “Nosotros tenemos serias dudas acerca de la objetividad de los equipos técnicos, por lo que dudo mucho que todas las personas que están en Fase de Confianza merezcan estar ahí, y sé de muchas otras que deberían estar y no están”.

La del procurador adjunto Alegría no es una opinión más. En su artículo 194, la Constitución asigna a la PDDH la labor de “vigilar la situación de los privados de libertad”, por lo que son notificados de todos los arrestos, visitan centros de detención (en promedio, 38 visitas mensuales a cárceles por parte del personal de la PDDH) y catalizan las denuncias tanto de los reos como de sus familiares. “Las evaluaciones que hacen los equipos técnicos se manejan con discrecionalidad y sin criterios técnicos”, argumenta.

Si se observa con una visión amplia, de país, el trato de favor recibido por el cuñado de Rauda no deja de ser algo anecdótico en un sistema que violenta de manera sistemática los derechos de 27 mil personas. Es todo el sistema el que está podrido.

La Constitución exige en su artículo 27 que los centros penitenciarios eduquen, formen y procuren la readaptación de los privados de libertad. Para desarrollar estos conceptos, la Ley Penitenciaria optó por un sistema progresivo, en el que el reo es monitoreado y evaluado constantemente (cada seis meses, exige la ley), y su evolución positiva o negativa es premiada o castigada.

Sobre el papel, las fases son cinco: la Fase de Adaptación, la Fase Ordinaria, la Fase de Confianza, la Fase de Semilibertad y la Libertad Condicional. En los cuatro primeros peldaños los progresos están en manos de dos instancias: por un lado, los equipos técnicos criminológicos que debe haber en cada penal, formados por el subdirector técnico, un sicólogo, un trabajador social, un educador, un abogado y un médico; y por otro, los consejos criminológicos regionales, integrados por al menos un abogado, un sicólogo, un licenciado en trabajo social y un licenciado en ciencias de la educación.

Los equipos técnicos evalúan y proponen; los consejos criminológicos regionales ratifican o rechazan la propuesta. El problema es que todos son empleados de la DGCP y de manera directa o indirecta responden ante el director general.

“Sobre el papel, sí, pero en la práctica el sistema no es ni progresivo ni sirve para rehabilitar”, dice el procurador adjunto Alegría.

“El Estado sabe que no tiene completos los equipos técnicos, pero la actitud es: sí es cierto, ¿y cuál es el problema?”, dice la jueza Torres Flores.

“No, por supuesto que no lo es, está a años luz de serlo”, responde Dennis Estanley Muñoz Rosa, abogado especializado en derecho penitenciario, cuando se le pregunta si el sistema es progresivo.

Hasta Raúl Mijango, uno de los dos facilitadores de la tregua entre las pandillas, señala con dureza las arbitrariedades que se cometen en el sistema penitenciario salvadoreño. Mijango lleva casi un año escuchando las quejas de la población encarcelada y asegura que la extrema dificultad para cambiar de fase es uno de los reclamos más sentidos: “Los jueces dicen que necesitan la bitácora con el informe de comportamiento del interno, con sus evaluaciones, pero eso nadie lo lleva, por lo que en la práctica el tipo está obligado a cumplir íntegramente su pena”.

Heliodoro, el reo en Fase de Confianza, añade otro ingrediente: dice que en el examen sicológico les hacen escribir a lápiz las respuestas para que los evaluadores puedan cambiarlas. Él aún duerme en la cárcel y su punto de vista resulta pragmático y demoledor: “Claro que hay corrupción. En Fase de Confianza hay auténticos enajenados mentales, gente que no podría pasar ningún tipo de evaluación sicológica”.

Según el artículo 99 de la Ley Penitenciaria, a Fase de Confianza se puede acceder si se ha cumplido la tercera parte de la pena y si el reo demuestra mejoras en el desarrollo de la personalidad. Un inciso a la ley permite, sin embargo, que no sea necesario haber completado el tercio de la pena "en casos especiales". Pero es la práctica la que vuelve la situación del cuñado de Rauda un caso realmente excepcional.

A Heliodoro se le preguntó si conocía el caso de algún privado de libertad en Fase de Confianza sin haber cumplido la media pena. Citó el caso de un hombre encarcelado en la Penitenciaría Occidental, en Santa Ana; es tan buen albañil que el director del penal de Apanteos lo ocupaba para reconstruir muros cada vez que había un motín. Incluso fue llevado a otras cárceles por lo mismo. “A él la Confianza se la dieron antes de la media pena, pero bien pasado el tercio, y no hay duda de que él se lo ganó”, valora Heliodoro.

Lo dicho: colapsado y arbitrario.

El cuñado de Rauda, encarcelado

Según consta en su ficha del Sistema de Información Penitenciaria (Sipe) de la DGCP, el cuñado fue remitido al Centro Penitenciario de Metapán el 30 de abril de 2010, dos semanas después de su detención. Rauda aún era subdirector general.

Interior del Centro Penal de Metapán, donde cumple condena el cuñado de Nelson Rauda, director general de Centros Penales. Esta imagen fue tomada en febrero de 2011. Foto Edu Ponces

La de Metapán es una cárcel peculiar. De las 19 que hay en El Salvador, es la única en la que el Estado recluye solo a expolicías, exmilitares, excustodios y otros ex empleados públicos. Se trata de una cárcel relativamente pequeña, que acoge a unos 250 internos. Hay hacinamiento, si bien no es tan inhumano como en el resto de penales, y está en pleno centro de la ciudad, sobre la calle 15 de Septiembre, contiguo a una escuela, frente a una activa zona comercial.

Las condiciones de seguridad son mínimas, en parte porque los reclusos se autoimponen disciplina mediante reglamentos. A cambio de esa tranquilidad, el Estado les compensa con ciertas concesiones. Por citar una muy concreta, la Fuerza Armada nunca asumió en Metapán labores de registro, como ocurrió en el resto de penales. “Para los que estamos en otras cárceles, Metapán es un convento de monjas”, dice el reo Heliodoro. La mayoría son cristianos, no hay grandes bandas organizadas y uno tiene la certeza de que no violarán a su mujer en una visita, ilustra.

Hay privilegios, pero la vida no es sencilla. Metapán no deja de ser un engranaje del sistema penitenciario más hacinado del continente, según lo acaba de certificar la Organización de Estados Americanos (OEA) en un informe. El pódium de la vergüenza lo completan Bolivia y Haití.

En el apartado referido al penal de Metapán de su Informe de Labores Junio 2011-Mayo 2012, la PDDH consigna carencias y violaciones de derechos en el área de salud e higiene –hay plagas, falta personal–, también en las áreas educativa y de talleres. Pero para este reportaje, lo más relevante de ese informe es que corrobora que el equipo técnico criminológico está incompleto. Las personas que propusieron al cuñado de Rauda para la Fase de Confianza ni siquiera trabajan de forma permanente en Metapán, apenas lo conocen.

No todo el personal que evalúa a los reos de Metapán trabaja de planta en Metapán. Desde hace años, psicólogos, educadores o trabajadores sociales de otros penales, generalmente de Apanteos y de la Penitenciaría Occidental, se desplazan por unos pocos días para evacuar las solicitudes de los internos. En estas condiciones, suena complicado que las evaluaciones tengan el carácter "técnico-científico" que exige la ley.

De hecho, las arbitrariedades en los dictámenes de los equipos técnicos son una denuncia constante en la sede metapaneca de la PDDH. Esta situación incluso mereció un párrafo en el referido informe: “Se constató el hacinamiento en el recinto del centro penal de Metapán, la falta de propuestas por el equipo técnico ante el Consejo Criminológico Regional de Occidente, y las pocas propuestas no son ratificadas por incumplimiento de algunos requisitos o falta de algún profesional especializado en el área. Además, el equipo técnico está incompleto desde hace años”.

Así las cosas, para los reos de Metapán acceder a la Fase de Confianza también es un camino de espinas… salvo si tu cuñado es el director general de Centros Penales.

Los datos facilitados por la delegación local de la PDDH señalan que de mayo a septiembre de 2012 se elaboraron 35 propuestas para reubicación en Fase de Confianza, pero hasta el 7 de noviembre el Consejo Criminológico solo había ratificado tres.

En este contexto, resulta significativo que la exdirectora del penal, Ceily López de Rivera, tuviera un inusitado interés en que el Expediente Único del cuñado de Rauda estuviera actualizado, como se infiere de la carta que envió al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria para solicitar el cómputo de la pena, es decir, las fechas en las que el reo cumple el tercio, la media y las dos terceras partes de su condena. La carta está fechada el 3 de junio de 2011, cuando el cuñado apenas llevaba 14 meses de encierro. Rauda aún era subdirector general y el actual viceministro Douglas Moreno, director general.

Otro dato significativo es que en la ficha del Sipe no registra ningún abogado defensor que le esté moviendo su causa afuera.

En un sistema penitenciario hacinadísimo, y a pesar de cumplir condena en una cárcel con el equipo técnico incompleto, el cuñado de Rauda logró ser evaluado tres veces en poco más de un año: el 13 de abril de 2011, para ser ratificado en Fase de Adaptación; el 19 de enero de 2012, para ser promovido a Fase Ordinaria; y el 29 de mayo de 2012, para dar el ansiado salto a Fase de Confianza.

Entre las dos últimas evaluaciones ni siquiera transcurrieron los seis meses que exige el artículo 350 del Reglamento General de la Ley Penitenciaria.

Entre las dos últimas evaluaciones Rauda asumió como director general.

“Deben pasar al menos seis meses para que un privado pueda solicitar un informe al equipo técnico, y esto es en base a que los conocedores de la conducta humana manejan que una persona necesita cuanto menos ese tiempo para modificar su conducta”, dice la jueza Torres Flores.

El abogado Muñoz Rosa reflexiona: “En la práctica sucede que, aunque la ley manda que se evalúe a todos los internos cada seis meses, hay demasiado hacinamiento, los casos se apuñan, y los equipos técnicos se centran en los internos que tienen media pena o dos terceras partes”.

La reubicación en Fase de Confianza le ha cambiado la vida al cuñado de Rauda. Desde junio sale constantemente de la cárcel, según se consigna en el Sipe: va a un taller mecánico, va a la iglesia San Pedro Apóstol (aunque el equipo técnico lo identificó en mayo como evangélico), va a la Casa de la Cultura, va a un carwash, va al hospital, va a una ferretería, va a un negocio de computadoras…

Un reo del Centro Penal de Metapán muestra su catre. Imagen tomada en febrero de 2011. Foto Edu Ponces

El 16 de abril de 2013 el cuñado de Rauda cumplirá la media pena. Su caso lo volverán a ver el equipo técnico de Metapán y el personal enviado ad hoc por la DGCP, y terminará en el Consejo Criminológico Regional de Occidente, que podrá otorgarle la Fase de Semilibertad. Si la suerte sigue sonriéndole, como hasta ahora, incluso podría aplicar a una libertad condicional anticipada.

La punta del iceberg

La Ley Penitenciaria establece que los consejos criminológicos serán “absolutamente independientes”, pero la realidad es otra. El trasvase de personal de los equipos técnicos a los consejos criminológicos –y viceversa– es algo habitual. Las plazas más codiciadas, por mejor pagadas y por estatus, son las de los consejos criminológicos. Todo se controla desde la cúspide de la DGCP, formada en la actualidad por Rauda y el subdirector general, Rodil Hernández, y monitoreada desde el Viceministerio de Seguridad por Douglas Moreno

Lo llamaremos Serafín Cárcamo, ha trabajado por más de una década en equipos técnicos de distintas cárceles y, por temor a represalias, solo acepta hablar bajo condición de anonimato.

“La Fase de Confianza debería ser para los bien portados, pero esa es la teoría, porque en la práctica lo que ocurre casi siempre es que fulano es propuesto desde arriba y los criterios técnicos salen sobrando”, dice Cárcamo. “En varias ocasiones me ha venido un director y me ha dicho: quiero las propuestas de fulano, fulano y fulano favorables”, agrega.

Las preguntas obvias: ¿por qué firmar? ¿Por qué no denunciarlo en otras instancias? “Porque este es mi trabajo, y sé que si yo no lo hago, lo hará otro por mí, y a mí me despedirán”.

“Todo esto puede pasar porque nadie está interesado en cómo funciona el sistema; aquí nadie quiere darse cuenta de que El Salvador nunca se va a corregir si no se corrigen las cárceles, porque las cárceles son el resumidero, son el reflejo” concluye Serafín Cárcamo, una paráfrasis tropicalizada del viejo dicho que asegura que para conocer realmente cómo es un país, lo que hay que visitar son sus cárceles.

El sistema penitenciario salvadoreño está hoy en las antípodas de lo que el FMLN y el presidente de la República, Mauricio Funes, ofrecieron en el Programa de Gobierno 2009-2014. Se prometió una “reforma del sistema penitenciario para que opere con más seguridad, justicia y orden, al tiempo que contribuya a la rehabilitación de los internos”, y se ofreció la “profesionalización y especialización de funcionarios y personal”.

Tres años y medio después, lo que se tiene es el sistema penitenciario más hacinado del continente, certificado por la OEA.

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NOTA SECUNDARIA: Nelson Rauda y Douglas Moreno prefieren guardar silencio

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